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Boletín de noticias 18 de abril de 2012
EL TIEMPO
UN JUEZ DE COLOMBIA RESUELVE 448 CASOS AL AÑO; UNO DE EE. UU., 3.135
La Contraloría ubica al país como uno de los más ineficientes en la administración de justicia.
Aunque en el 2009 y el 2010, por primera vez en la historia del país, los jueces resolvieron más casos de los que ingresaron a sus despachos (5'075.000 sentencias frente a 4' 650.000 casos), la justicia colombiana sigue arrastrando un inventario represado de 2,9 millones de procesos que 'duermen' en los anaqueles. (
Ninguno de los tres objetivos que la Rama Judicial se impuso en el 2007 -reducir el tiempo que dura un proceso a menos de la mitad, aumentar la productividad de los jueces en un 40 por ciento y reducir el inventario represado en un 70 por ciento- se alcanzó.
Por el contrario, la congestión judicial suma 500.000 casos más que hace una década.
Este crítico balance aparece en un informe reservado de la Contraloría, que ubica a Colombia como uno de los países menos eficientes en materia de administración de justicia en América.
Incluso, naciones que tienen menos jueces, como Chile, Brasil y Perú, logran entre tres y cuatro veces más sentencias por despacho que en Colombia . Y la productividad de un juez en Estados Unidos es siete veces la de uno de sus pares colombianos (ver infografía).
Colombia tiene hoy 4.861 jueces; es decir, 11 por cada 100.000 habitantes. También en Estados Unidos los jueces son 11 por cada 100.000 habitantes.
Fiscalía tiene trancón de un millón de casos
La situación es todavía más complicada porque la Fiscalía tiene un millón de casos en los que no ha podido avanzar, y que en consecuencia no han llegado ante los jueces.
Si bien el estudio de la Contraloría señala que la justicia ordinaria ha logrado bajar en 54 días el promedio de lo que dura un juicio en primera instancia, frente a los 655 que demoraba un caso promedio en el 2006, el tiempo establecido por el Código de Procedimiento sigue excedido en más de dos meses. Esto, obviamente, no se compara en nada con los cinco años y medio que se tomaba un caso hace diez.
Hoy, las más demoradas siguen siendo las demandas contra el Estado. Duran en promedio 1.143 días, es decir, más de tres veces los 330 días que establece la ley.
La justicia encargada de investigar y sancionar las malas prácticas de jueces, fiscales y abogados, en cabeza de la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es la que sale peor librada del examen de la Contraloría.
Esas investigaciones deben resolverse en no más de 220 días, pero el promedio para llegar a una decisión no baja de 625 días. Esa jurisdicción tiene hoy 32.135 casos represados, casi 11.000 más que en el 2004, a pesar de que son los despachos que más plata le cuestan al país.
Así, en promedio, un juez disciplinario y su equipo le valen al año a Colombia 252 millones de pesos. Un despacho de la justicia penal gasta 207 millones, mientras que uno del contencioso administrativo implica una inversión de 190 millones de pesos al año.
Un caso emblemático que no progresa
A pesar de que el escándalo por los 'falsos positivos' de Soacha puso a Colombia en la mira de las organizaciones de Derechos Humanos, y provocó la más grande purga militar en la historia del país, tuvieron que pasar más de tres años para que la justicia empezara a imponer condenas.
Y aunque los casos se llevan a cabo bajo el nuevo sistema penal acusatorio, que es mucho más ágil que el antiguo sistema penal, solo tres han llegado a etapa de juicio.
Uno de ellos fue el de Faír Leonardo Porras, un joven que sufría un retardo mental. Fue reclutado en Soacha y presentado días después como un peligroso extorsionista muerto en combate en Ocaña. Seis militares, entre ellos dos oficiales, fueron sentenciados por ese crimen.
Otros 16 procesos, por dilaciones atribuidas a la defensa de los militares, siguen en etapa de investigación y marcan, para el sistema de justicia, un retraso que ya se acerca a los dos años.
Mientras tanto, la mayoría de los señalados responsables de los 'falsos positivos' sigue en libertad.
Congestión de años
Reforma de justicia no resuelve el lío
Una de las mayores críticas al proyecto de reforma de la Justicia que avanza en el Congreso es que no resuelve el problema de la congestión judicial, que lleva décadas. La norma, en todo caso, sí tiene un artículo referente al tema: el que les da a abogados y funcionarios facultades para que actúen excepcionalmente en procesos civiles atrasados, para ayudar a descongestionar.
La Rama Judicial, en cabeza de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se opone. Considera que es una "privatización" de la justicia y que, además, sería inocua porque las decisiones serían apeladas y resueltas en todo caso por el sistema judicial. Insisten, como Asonal, en que la salida es nombrar más jueces.
El 30% de juzgados no tiene Internet
La Contraloría resalta que de 1,4 billones de pesos que recibía la Rama Judicial en el 2004, se pasó, en el 2011, a 1,8 billones. Para el 2012, el presupuesto llega a los 2,2 billones.
Aunque la gestión de la Sala Administrativa de la Judicatura ha sido importante para lograr mejor infraestructura para la administración de justicia, sigue habiendo problemas. El 30 por ciento de los más de 4.000 juzgados del país no tiene, por ejemplo, una conexión a Internet, y más de la mitad de los funcionarios no tiene correo institucional.
En una auditoría, la Contraloría encontró posibles irregularidades de dos expresidentes de la Judicatura, José Alfredo Escobar y Hernando Torres, en contratos relacionados con la construcción de palacios de Justicia en el país.
La situación es particularmente complicada en Cali, donde un atentado terrorista de las Farc destruyó la sede de la justicia, en septiembre del 2008. Casi cuatro años después, los jueces de la capital del Valle trabajan en condiciones de hacinamiento.
A la justicia le hace falta plata: Asonal
Nelson Cantillo, presidente de Asonal Judicial -el sindicato de los trabajadores de la rama-, asegura que la justicia en Colombia es lenta, no por culpa de los funcionarios sino porque el sistema "no permite celeridad". Pide aumento de recursos y advierte que la situación de los jueces puede llegar a ser caótica.
¿Qué dice del informe de la Contraloría y de la comparación con otros países?
Este es un mal endémico, que se ha venido incrementando por la improvisación de las políticas sobre la justicia. Asonal ha denunciado que el problema no es de producción, sino de calidad.
Producción sin calidad es sinónimo de impunidad. Se tienen que atacar las causas del problema y no a los jueces; aquí hay jueces de primera y tercera categoría y no todos tienen los recursos para sacar adelante los procesos.
Es decir que los procesos sí avanzan lento...
Sí, porque la estructura así lo define, no por culpa de los funcionarios. Ellos no tienen herramientas para cumplir sus tareas.
El sistema no permite celeridad, la planta de personal es insuficiente para evacuar los procesos. Hay jueces que tienen mil procesos.
¿El cuello de botella está en los jueces?
No, toda la rama va lenta. El Legislativo ha actuado con improvisación en cuanto a las políticas de la Rama Judicial, se toman decisiones que no atacan la congestión y se mantiene la ausencia de un presupuesto digno que incluya aumento de personas y recursos.
Pero han incrementado presupuesto y personas...
No lo suficiente. El dinero no aumenta en la proporción de los procesos ni en concordancia con la necesidad de un acceso más rápido a la justicia. Los jueces intentan cumplir. El nivel de suicidios en la rama es alto por cuenta del estrés que sufren los funcionarios. No hay persona que aguante esa carga laboral, eso no pasa en otros sectores.
¿Cuál es la solución a corto o mediano plazo para resolver lentitud en los procesos?
Los jueces están preparados para enfrentar los procesos. No podemos hablar de incapacidad. Si el Estado se compromete con la justicia y se aumenta el presupuesto y el personal, seguramente esto será más rápido. En Bogotá hay un edificio de juzgados de 10 pisos, no hay ascensores ni baños, mucho menos elementos de trabajo. Si eso pasa en la capital, ¡imagínese cómo está el resto del país!
¿Entonces el problema es de plata?
Pues la plata ayudaría a solucionar los problemas. Necesitamos un aumento del presupuesto mínimo del 7 por ciento. Con eso se puede empezar a creer en un verdadero compromiso con la justicia.
APROBADO EL FUERO MILITAR EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
La iniciativa señala que delitos de lesa humanidad y genocidio irán a la justicia ordinaria.
Con 102 votos a favor y 5 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el articulado del proyecto de reforma constitucional sobre fuero militar.
La iniciativa, que no sufrió mayores modificaciones en su tránsito de la Comisión Primera de la Cámara a la plenaria, adecua al Derecho Internacional Humanitario a la justicia penal militar.
El proyecto de enmienda constitucional crea un tribunal de garantías para los militares que sean juzgados por la justicia castrense e implementa un fuero especial carcelario para los militares.
Igualmente, especifica que la justicia ordinaria solamente conocerá los delitos de lesa humanidad y genocidio que cometan los militares en prestación del servicio.
Se crea, además, la justicia penal policial y la defensoría técnica para los miembros de las Fuerzas Armadas, que es una especia de defensoría pública para los integrantes de la Fuerza Pública.
Los representantes a la Cámara liberales Guillermo Rivera y Pablo Salamanca, y el congresista de 'la U' Hernán Penagos, dejaron sus proposiciones como constancias, lo cual facilitó la votación.
El proyecto sobre el fuero militar comenzará su tercer debate en la Comisión Primera de Senado, y debe cumplir el cuarto antes del 20 de junio, para recibir su segunda vuelta, (otros cuatro debates) en el segundo semestre de este año.
CONGRESO DEVUELVE EXPEDIENTES DE 'CARRUSEL DE PENSIONES' A CONTRALORA
Presidente de la Comisión de Acusación confirmó que se los entregará personalmente a Sandra Morelli.
La declaración de Germán Blanco se produjo luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le dijera este martes a la Comisión de Acusación de la Cámara que es obligatorio cumplir el pronunciamiento del Consejo de Estado, que la obligó a devolverle a la Contraloría el procesos por el escándalo del 'carrusel de pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura.
"Me resisto a creer que haya organismos de esa envergadura que no tengan claro lo que dice la ley y la obligación que tienen de darle cumplimiento a ésta", afirmó Esguerra.
Agregó que "está perfectamente claro, más allá de toda duda, que aquí lo que hubo no fue una consulta que le hubiere elevado el Gobierno al Consejo de Estado para que diera un dictamen no obligatorio, (...) lo que sí hubo fue una solicitud de definición de competencias administrativas".
Esguerra aclaró que "eso tiene un carácter obligatorio, de carácter imperativo y por lo mismo un carácter ineludible", por lo que le recordó a la Comisión de Acusaciones que "los funcionarios públicos tienen clara la obligación que les imponen la Constitución y las leyes de cumplir los fallos judiciales".
Hace algunos días, una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura decidió que la competente para desarrollar estos procesos era la Comisión de Acusación de la Cámara, pero en la noche del lunes se conoció una decisión en sentido contrario de la sala de consultas del Consejo de Estado.
DEMANDAN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL LA LLAMADA 'LEY LLERAS 2.0'
El senador del Polo Camilo Romero dijo que se busca la protección de los usuarios de internet.
De acuerdo con el congresista, esta ley, una de las tres que aprobó el Congreso la semana pasada para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pasa por encima de varios derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
"Consideramos que, por ejemplo, se vulnera el derecho a la libertad de expresión en el artículo 15, que prohíbe la retransmisión de televisión por internet. Además creemos que se vulnera el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y un claro ejemplo de esto es el artículo 19, en el cual, nada más y nada menos, se otorga a cualquier autoridad administrativa la posibilidad de conocer la información de los supuestos infractores", explicó Romero.
Esta ley, que fue sancionada el pasado viernes en Cartagena por el presidente Juan Manuel Santos, ha causado una fuerte controversia entre los ínternautas, ya que, a juicio de ellos, contiene varias restricciones al acceso a la web para, por ejemplo, descargar música, videos y programas de televisión, entre otras. (También la hemos demandado porque no tiene unidad de materia. El artículo 21 tiene que ver es con televisión, y la cuota de pantalla, ¿qué hace ese artículo metido allí?, pues quizás era un requisito para el Tratado de Libre Comercio, pero la unidad de materia, que era regular derecho de autor con internet, no se ha guardado allí", agregó el senador.
Para Romero, las consecuencias de la caída de esta ley, si la Corte Constitucional la declara contraria a la Carta Política, las debe asumir el Gobierno.
"La implicación es la responsabilidad política absoluta del Gobierno, y sobretodo del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, porque aquí lo que queda claro es que intentado implementar el Tratado de Libre Comercio, trajeron un mico del tamaño del Ministro del Interior, que era el de regular los derechos de autor en internet", añadió.
QUÉ HACER CON 'CARRUSEL' DE PENSIONES
Germán Blanco dijo que personalmente es partidario de enviar los expedientes a la Contralora.
Luego del fallo del Consejo de Estado que determinó que la competencia para investigar fiscalmente a los magistrados de las altas cortes es de la Contraloría, Germán Blanco, presidente de la célula congresional, anunció que convocará a la mesa directiva de la Comisión para definir qué rumbo tomará.
El tema está relacionado con el conflicto de competencias que se dio entre la Comisión de Acusación de la Cámara y la Contraloría para investigar fiscalmente a los magistrados de las altas cortes, posiblemente incursos en el llamado 'carrusel' de las pensiones.
En este sentido, a la decisión que anunció en la noche del lunes el Consejo de Estado había precedido el fallo de una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, el cual otorgó esa facultad a la Comisión de Acusación.
Blanco dijo que la Comisión se encuentra ante dos fallos: "uno de carácter jurisdiccional y otro administrativo. Estoy citando para la tarde de este martes a la mesa directiva de la Comisión y a nuestros abogados asesores para determinar a cuál fallo nos acogeremos", anunció el Presidente de la Comisión de Acusación.
"Personalmente, y esto no compromete a la Comisión, soy partidario de enviar los expedientes y la investigación a la Contraloría", agregó el congresista.
El conflicto de competencias cobija a cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que actualmente son investigados por supuestas malas conductas en procesos de jubilación.
EL FISCAL GENERAL PROPONE QUE FISCALES PUEDAN ACUSAR A CONGRESISTAS
Eduardo Montealegre planteó en el Congreso sus reparos a la Reforma de la Justicia.
Dos temas polémicos se tomaron ayer el quinto debate de la reforma de la justicia: la Fiscalía pidió facultades para investigar a los congresistas y el Consejo de Estado criticó lo que consideró es una entrega de poderes a la Corte Constitucional que afecta el equilibrio dentro de la rama judicial.
En la Comisión Primera del Senado, donde ayer se votó el informe de ponencia de la reforma de la justicia en quinto debate, Eduardo Montealegre, fiscal general, dijo que no comparte la fórmula que se propone en el proyecto para procesar a algunos aforados, porque "el hecho de que se separen las funciones de investigación y juzgamiento no significa que se estén haciendo avances hacia el Sistema Penal Acusatorio".
Lo que está en la iniciativa es crear una sala de investigación y juzgamiento penal y disciplinario en la Corte Suprema de Justicia para procesar a los congresistas, a los ministros, al Fiscal, al Procurador y a algunos magistrados, entre otros aforados.
El Fiscal también propuso que, en el caso de los congresistas, "la investigación y acusación le correspondan al Fiscalía, y el juzgamiento, en primera y segunda instancia, a la Corte Suprema".
Montealegre pidió establecer un tribunal de garantías para el juzgamiento de legisladores, porque "tiene que existir un fortalecimiento de la garantía institucional de independencia del Congreso, pero que no sea inmunidad".
Señaló que la privación de la libertad de los congresistas no se debe dar hasta que haya sentencia en primera instancia, como lo señala el proyecto de reforma, sino cuando la resolución de acusación quede en firme por un tribunal de garantías.
También fue partidario de mantener el juicio político del Congreso a algunos aforados, como el presidente, vicepresidente y magistrados de las altas cortes, como requisito previo para poder iniciarles proceso penal o disciplinario.
Dijo que debe quedar, pero con "una clara separación entre la responsabilidad política, y la penal y la disciplinaria".
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, que estuvo ayer durante el debate de la reforma y quien aclaró que su presencia no era de carácter oficial, lanzó duras críticas al proyecto.
"Ese modelo, que se está construyendo en el proyecto de reforma, generaría la consecuencia, en un modelo unitario de poder judicial, de desequilibrar los órganos límite en la rama judicial", precisó Gómez, quien considera que nunca se aclara si es o no la Corte Constitucional el órgano de cierre definitivo de los procesos, por lo cual se le mantendría esa facultad.
PROCURADURÍA INSISTE EN ABSOLUCIÓN DEL CORONEL (R.) PLAZAS VEGA
Así se lo solicitó a la Corte Suprema, que revisa el fallo que lo condenó a 30 años de cárcel.
La Procuraduría solicitó ayer ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se revoque la sentencia contra el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, sentenciado a 30 años de cárcel por los desaparecidos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985
El recurso extraordinario pretende que la Corte tumbe la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, argumentando tres errores en la apreciación de las pruebas que invalidarían los testimonios de Édgar Villamizar, Tirso Armando Sáenz y César Augusto Sánchez, calificados como testigos indirectos de los hechos.
La Procuraduría considera que los jueces de primera y segunda instancia tergiversaron el poder de mando del coronel Plazas y le atribuyeron un rol preponderante que él no tuvo como comandante de las operaciones.
En un segundo cargo, la Procuraduría denunció al Tribunal Superior de desbordar sus competencias al pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de decisión en la primera instancia, como la imposición del acto público de perdón ordenado al Gobierno y al alto mando de la estructura militar para con la comunidad y las víctimas.
Finalmente, el Ministerio Público señala que, excluida la prueba que fue incorporada ilegalmente y analizados correctamente los demás medios de juicio denunciados, se debe casar la sentencia y absolver a Plazas Vega.
EL ESPECTADOR
CONGRESISTAS INCLUYEN SU 'AUTO-BLINDAJE' EN REFORMA A LA JUSTICIA
El proyecto que será votado este miércoles incluye que un legislador sólo podrá ser detenido cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia.
Los congresistas, en medio de la discusión de la reforma a la justicia, incluyeron un polémico artículo que promueve un 'auto-blindaje' para los legisladores, cuando están inmersos en procesos penales.
Pese a que varios exparlamentarios terminaron detenidos -principalmente por la parapolítica- y el desarrollo de los procesos se dio con la inmediata detención con la apertura de investigación formal, ahora buscan que sólo se dé esa privación de la libertad cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia.
Dice el artículo que los aforados "podrán ser privados de libertad cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito".
Adicional a esa iniciativa, la reforma establece la creación de una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán, respectivamente, las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia.
Según el proyecto, los miembros de esa 'súper-sala' deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.
La Sala de Investigación y Calificación tendrá diez miembros, quienes serán elegidos por la Corte Constitucional de ternas integradas por el Presidente de la República, los cuales se dividirán en dos salas, una para adelantar las investigaciones penales de los aforados, y otra para conocer de los procesos disciplinarios.
Los miembros de la Sala de Juzgamiento serán 5, elegidos por la Corte Suprema de Justicia mediante voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de 5 candidatos conformadas mediante convocatoria pública para un periodo de ocho años sin posibilidades de reelección.
Este miércoles la comisión primera del Senado se apresta a votar el proyecto de acto legislativo en medio de una aguda polémica por los artículos que van en favor de los mismos legisladores.
Vale la pena recordar que la reforma también le quita al procurador la facultad de investigar disciplinariamente a los congresistas.
EXCENTRICIDADES DE LA JUSTICIA LE COSTARON AL ESTADO MÁS DE $500.000 MILLONES
La Contraloría avanza en una investigación según la cual, por errores de la Judicatura en el Plan Nacional de Descongestión, se generó un presunto detrimento.
Para la Contraloría, en el complejo judicial de Paloquemao hubo decisiones que no mejoraron el servicio pero sí causaron detrimento patrimonial.
Primero fue el carrusel de las pensiones. Ahora el escándalo surge a raíz de una serie de excentricidades en la remodelación de palacios de justicia en Cali, Manizales, Mocoa, Yopal y en el Complejo Judicial de Paloquemao (Bogotá). Irregularidades “suntuosas” e innecesarias que, por sobrecostos, adiciones de obras y presupuestales, le costaron al Estado más de $500.000 millones.
La innecesaria creación de salas para el cambio de togas en los palacios; las exigencias de ascensores con acceso directo a los despachos de los magistrados; los pisos de mármol y las puertas de vidrio grabado, y otra serie de detalles que no causaron algo distinto a inflar las cifras estimadas para las obras, con los consecuentes sobrecostos y demoras que podrían derivar en responsabilidades de tipo disciplinario y fiscal entre miembros del Consejo de la Judicatura.
Situación que generó la apertura de una investigación por responsabilidad fiscal contra algunos magistrados de la Sala Administrativa de la Judicatura pero que tuvo que ser paralizada, junto con la del carrusel de las pensiones, por un fallo de ese mismo tribunal en el que adjudicó la competencia de investigarlos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no al órgano de control.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado de aceptar que la Contraloría es competente para adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dejó la puerta abierta para que la entidad de control consolide una investigación en desarrollo aún más escandalosa, por la sumatoria de errores económicos de la Judicatura entre 2007 y 2011, con un presunto perjuicio al Estado.
Esta historia tiene que ver con un informe de auditoría preparado por Javier Lastra, encargado de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, que hace apenas tres meses le hizo saber al Consejo Superior de la Judicatura que, después de evaluar su desempeño en dicho período, son evidentes los incumplimientos para los objetivos del Plan Nacional de Descongestión, y que en obras cruciales para el desempeño de la justicia en varias regiones del país se presentaron atrasos injustificados con detrimento para las finanzas del Estado.
El documento de 114 páginas, que había pasado desapercibido a finales de 2011 y principios de 2012, advierte en principio que el Plan Nacional de Descongestión, que tenía por objeto conjurar la crisis de los despachos judiciales y generar una situación propicia para la implementación gradual del sistema oral, no ha generado ninguno de los resultados propuestos. La situación, dice el documento, evidencia una inversión de recursos carente de planeación y una gestión que la Contraloría no ha dudado en calificar de “ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
La Contraloría determinó que ante el fracaso del plan y, evaluada la relación costo-beneficio, la gestión antieconómica llega a los $490.000 millones, “que se configuran en daño patrimonial por cuanto está generando un perjuicio evidente en el cumplimiento de la gestión institucional relacionada con ser garantes de prestación de un servicio público de la justicia”. Una de las auditoras del caso, Constanza Galindo, resumió así el impacto de la mala gestión: “A 31 de diciembre de 2011, se debían haber descongestionado más de 2 millones de procesos, y no va ni el 10%”.
El caso más crítico tiene que ver con los atrasos en los proyectos de inversión en infraestructura para el funcionamiento de las sedes de la Rama Judicial. Según el documento, conocido por El Espectador, se presentaron retardos evidentes, sin causas justificadas, en la adecuación de los palacios de Justicia de Cali, Manizales, Mocoa y Yopal, y en el complejo judicial de Paloquemao, en la capital de la República. El estimado del detrimento patrimonial en estos cinco casos está calculado por la Contraloría General en $93.000 millones.
Tan sólo en el complejo judicial de Paloquemao, si bien se tenía calculado construir siete salas de audiencia con las mejores condiciones frente a los requerimientos de la justicia, se terminaron construyendo 14 que no tienen ni la capacidad ni las condiciones mínimas para atender las necesidades del sector. Esta circunstancia generó un detrimento calculado en $700 millones y una serie de costos indirectos adicionales que encarecieron las obras, afectando notoriamente los recursos públicos.
En términos estadísticos y sin entrar en detalles sobre la ineficaz gestión de la Judicatura entre 2007 y 2011, la Contraloría está documentando 116 hallazgos administrativos, algunos de ellos con connotaciones penales. En algunos casos, resalta el documento, el daño patrimonial causado por las obras inconclusas ha excedido la proyección en costos al 500%. Si bien se advierten responsabilidades de las unidades de planeación, la mayoría de errores son atribuidos a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En términos generales, el informe de auditoría de la Contraloría detalla uno a uno cómo se cometieron errores en aspectos tales como gastos en arriendos, suspensión de obras, deterioro de los trabajos, asignación de recursos tecnológicos, soportes de pago, entre otros. Un panorama que, en criterio de la Contraloría, lleva a la conclusión parcial de que hubo debilidades en el deber de planeación consagrado en el Estatuto de Contratación y en la prevención de los riesgos por parte de los contratistas. Razón de más para inferir que se trató de una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
En conclusión, la investigación que se adelantaba por irregularidades en el nombramiento de magistrados auxiliares en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que supuestamente pudieran acceder a beneficios pensionales —y cuyo expediente retornará a la Contraloría por decisión del Consejo de Estado— es, en términos de detrimento patrimonial, muy inferior a la otra investigación que apenas cobra forma en la Contraloría: la de los atrasos en las obras, metas y objetivos del Plan de Descongestión, por cuyos errores ya varios magistrados serán sujetos a cargos por presunta responsabilidad fiscal.
LA JUSTICIA SÍ ES PARA LOS DE RUANA
Por: Sebastián Jiménez Herrera
Ya es un lugar común en Colombia que los grandes escándalos de corrupción terminen en sentencias nimias.
El último episodio de la larga lista de controversias judiciales que parecen quedar en deuda con el país es el llamado carrusel en Bogotá. El empresario Julio Gómez, protagonista del desfalco al Distrito, apenas recibió una pena de 60 meses y está en libertad. El fiscal Eduardo Montealegre se escandalizó con el fallo. Un panorama que contrasta con miles de procesos en los que la justicia parece de todo, menos laxa y, aun más, equivocada. El Proyecto Inocencia de la universidad Manuela Beltrán constituye un esfuerzo por corregir esos yerros, cazando historias de inocentes injustamente condenados. El Espectador presenta cinco de ellas.
Condenado por una confusión
Manuel Mena vivía en la ciudad de Cartagena (Bolívar), donde trabajaba como obrero. A mediados de 2007 se trasladó a Bogotá y la ciudad lo recibió con una detención. En la Terminal de Transporte las autoridades lo capturaron porque, según ellas, era el responsable del asesinato de un hombre en zona rural de Vegachí (Antioquia), ocurrido a mediados de 1988. De acuerdo con las investigaciones, un minero del oriente antioqueño al que conocían con el alias de El Morenazo, después de una gresca con otro minero, lo asesinó y descuartizó. Nadie supo decir el nombre de alias El Morenazo. Sin embargo, uno de los testigos aseguró que creía que se llamaba Manuel Mena. Para el momento sólo había dos personas con ese nombre en todo Colombia: un adulto mayor y un joven, entonces las autoridades descartaron al anciano y condenaron al joven a 25 años de prisión. Por ello, Mena fue recluido. Lo que no atendieron los investigadores es que todos los testigos aseguraron que alias El Morenazo se caracterizaba por una cicatriz que le cubría la mitad del cuerpo y que iba desde su cabeza hasta sus pies. Manuel Mena no tenía esta cicatriz y, además, nunca en su vida había estado en Antioquia. Fue por ello que la Corte Constitucional decretó su libertad. Mena apenas pudo disfrutar de unos cuantos meses de libertad, ya que murió producto de una serie de afecciones que se le complicaron después de tres años de reclusión.
“Una cárcel para todos”
Durante 20 años, Gerardo Sánchez vivió ignorante de que la justicia lo había condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 11 personas, ocurrido en junio de 1987 en San Pablo de Borbur (Boyacá). Cuando lo capturaron, el 18 de enero de 2009, supo que Luz Sierra, una sobreviviente de la masacre, lo señaló como responsable del crimen. A Sánchez nunca se le informó del proceso y no hubo quién apelara su sentencia, por eso cuando lo capturaron era poco lo que podía hacer. Sánchez asegura que lo condenaron injustamente.
Desde el momento de su captura, sus familiares y el Proyecto Inocencia empezaron con su misión de demostrar que esto es así. Ellos revisaron el testimonio de Sierra y descubrieron que la descripción que ella había dado de quien, supuestamente, era Gerardo Sánchez, no correspondía con los rasgos del condenado. Luego encontraron testigos de que para la fecha de los hechos Sánchez se encontraba en Bogotá. Y recogieron el testimonio de Merco Sierra, el hermano de Luz Nydia Sierra y quien aseguró que a ella la habían obligado a señalar a Sánchez. La testigo murió antes de que pudiera rectificar. El Proyecto Inocencia prepara una acción para que la justicia revise si Sánchez fue correctamente condenado o no. Sus familiares aseguran que esto ha sido “una cárcel para todos” y que la justicia “sigue siendo para los de ruana, porque a los de cuello blanco no les pasa esto”.
“El Divina Alegría se esfumó”
Divina Alegría Patiño dice que no tiene tocayas en el mundo, y recuerda que su nombre se lo debe a que su papá era fanático del poeta Julio Flórez, quien le puso el mismo nombre a una de sus hijas. Pero Patiño, de 66 años, dice que del Divina Alegría ya no queda mucho. “La cárcel me dejó triste, melancólica, fueron 18 meses que nadie me los va a reponer, mi madre se enfermó, mi casa está embargada y mi nombre manchado”. Patiño cuenta que a mediados de 2004 una mujer, Luz Marina Penagos, le arrendó una habitación y se ganó su confianza, y además se ofreció para ayudarla a vender su casa, razón por la cual le entregó una copia de la escritura de la misma y una copia de su cédula. La casa nunca se logró vender y la inquilina, meses después, desapareció. Dos años más tarde Divina Alegría Patiño fue capturada porque, según las autoridades, era la jefe de una banda de estafadores. Su inquilina la había suplantado y había estafado a un sinnúmero de personas. No fue sino hasta que sus defensores comprobaron que a Divina Alegría Patiño le habían usurpado su identidad, que las autoridades decidieron liberarla. No obstante, sobre ella pesan otros tres procesos debido a que, según la Fiscalía, promovió su propia suplantación. Patiño dice que eso es descabellado y disfruta, mientras puede, de su libertad, porque para ella salir de la cárcel fue volver a la vida. La suplantadora, mientras tanto, sigue sin ser capturada.
En busca de un muerto vivo
Isabel Sánchez busca desesperada a Carlos Julio Jiménez. A su esposo, Peregrino Torres, a su hermano Fernando Sánchez y a su amigo Javier Jiménez los condenaron a 13 años de prisión por su homicidio, ocurrido, presuntamente, el 15 de agosto de 1994. Según las autoridades, ese día durante una fiesta, la supuesta víctima invitó a bailar a Isabel. Ella se negó y él la golpeó. Sus familiares reaccionaron, pero de acuerdo con sus relatos no pasó todo de los puños.
Después, la víctima salió corriendo y no se supo más de él. Sin embargo, ocho años más tarde apareció un testigo, Mario Quintero, quien aseguró que vio cuando los tres hombres asesinaron a Jiménez Quintero y lo echaron al río. Nunca se encontró el cuerpo ni el arma homicida y tampoco se estableció la escena del crimen. La sentencia se basó exclusivamente en el testimonio de Mario Quintero que —él mismo lo dijo—, se encontraba a unos 800 metros del lugar de los hechos y estaba bajo los efectos del alcohol.
Lo que más le duele a Isabel es que vecins de Suesca (Cundinamarca) dicen haber visto a la víctima llevándole comida a su madre y que hay pruebas de que él sigue vivo. De hecho, su cédula, la 80’394.697 de Chocontá (Cundinamarca), sigue activa, no se le ha emitido ningún acta de defunción y, aparentemente, votó en las últimas elecciones y se inscribió a un seguro de vida. Isabel sufre de taquicardia y cáncer de estómago. Tiene tres hijos a los que sostiene apenas e ir a visitar a su marido la enferma. Su marcapasos se ha averiado debido a los aparatos de rayos X por los que la obligan a pasar cuando visita la cárcel de Chocontá. El Proyecto Inocencia prepara una acción de revisión para que se estudie el caso de sus tres seres queridos. Ella sólo espera que Carlos Julio Jiménez aparezca y su marido vuelva a casa.
Una cicatriz le dio su libertad
En marzo de 2009 Apolinar León Munévar fue capturado y enviado a la cárcel La Picota en Bogotá, debido a que la justicia lo había condenado a seis años y dos meses de prisión, por los delitos de porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Sin embargo, Munévar nunca había usado un arma y siempre se declaró inocente de los cargos por los que lo acusaban. Meses después, la justicia le dio la razón y decretó su libertad. Fue entonces cuando supo lo qué sucedía: había perdido su cédula y alguien lo suplantó. No sólo eso, dicho suplantador estuvo detenido durante 8 meses por un sinnúmero de delitos. La ficha clave que encontraron los abogados del Proyecto Inocencia para demostrar que Munévar no era culpable, fue una cicatriz o, mejor, la ausencia de ella. Los abogados descubrieron que el suplantador ingresó al Hospital de Kennedy el 27 de noviembre de 2002 porque se había caído de un cuarto piso. Allí lo operaron y la intervención quirúrgica le dejó una prominente cicatriz en sus piernas. Cuando lo supieron, sus defensores corrieron a entrevistarse con él. “Lo primero que hice fue levantarle el pantalón: no tenía ninguna cicatriz”, recordó Francisco León, uno de sus defensores. Entonces, sus abogados interpusieron una tutela para que lo liberaran, lo que finalmente sucedió el 20 de noviembre de 2009. Sin embargo, León Munévar no olvida esos 8 meses que fueron los peores de su vida. Del suplantador no se ha sabido nada.
El Proyecto Inocencia
Esta iniciativa surgió hace cuatro años tomando como ejemplo un proyecto similar en los Estados Unidos. Su motor son los estudiantes de Sicología, Derecho e Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán.
Francisco León y Juan Carlos Cárdenas revisan cada que pueden si hay algún proceso en su contra porque después de cuatro años de defender a personas injustamente condenas, saben que a cualquiera lo pueden suplantar o señalar de delitos que no cometió. Ellos lideran el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán que se creó hace cuatro años replicando en Colombia lo que desde 1.992 venía realizando en Estados Unidos un proyecto del mismo nombre.
Por esta labor, el Proyecto ha atendido cientos de casos. Aunque sólo reciben aquellos en los que es evidente que la persona ha sido condenada de forma irregular. En cuatro años ha sacado de la cárcel a por lo menos 7 personas, entre ellas, Apolinar León Munevar y Manuel Mena (ver recuadros). Los jueves, sus abogados visitan las cárceles buscando casos de personas que hayan sido condenadas injustificadamente.
Otros casos los reciben gracias a los estudiantes de Derecho, Sicología e Investigación Criminal de la Manuela Beltrán que son el motor de la iniciativa. Recuerda Juan Carlos Cárdenas, director del Proyecto, que los estudiantes son quienes presentan y estudian los casos y eso los hace unos duchos antes de haberse graduado.
Los abogados de Inocencia destacan que a sus clientes los defienden sin cobrar un peso y con el fin de demostrar que “el Derecho puede y debe cumplir una labor social”, asegura Francisco León y agrega que, de forma subsidiaria, el Proyecto también ayuda a personas que se han declarado culpables pero que tienen derecho a beneficios jurídicos a los que no podrían acceder de no tener una asesoría jurídica. Cualquier persona que considere haya sido condenada injustificadamente o que tenga un familiar en esas condiciones puede conocer más del Proyecto Inocencia en http://umb.edu.co/inocencia/somos.html
REFORMA A LA JUSTICIA PLANTEA DESEQUILIBRIO EN FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL
Así lo advirtió el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, quien señaló que el proyecto llevaría a un "modelo unitario de poder judicial".
El Consejo de Estado hizo nuevas críticas con respecto al alcance de la reforma a la justicia que está en trámite en su quinto de ocho debates en la comisión primera del Senado.
El presidente de esa Corte, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, dijo que “en lo que tiene que ver con la independencia judicial, solamente se mantiene esa independencia amparada por el velo de discusión en democracia para la Corte Constitucional”.
“No estarían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Superior de la Judicatura, amparados en esa salvaguarda…eso genera desde luego una división entorno a las categorías de las Cortes”, señaló en tono de preocupación el magistrado.
Según él, se afecta el principio de independencia del poder judicial que “es una garantía de los ciudadanos y del Estado en su conjunto, para que cuando se toman decisiones de carácter judicial éstas sean amparadas con el elemento de independencia, donde el fallador no tenga ninguna restricción distinta a las condiciones de entendimiento del orden jurídico, de búsqueda de la justicia y de coexistencia del fallo con la consciencia”.
Además, Gómez se quejó por los ‘privilegios’ que tendría la Corte Constitucional, dentro del proyecto de reforma.
“Ese modelo que se está concibiendo en el proyecto de reforma generaría esa de consecuencia de desequilibrar en un modelo unitario de poder judicial, desequilibrar los órganos límite”, sostuvo.
Y agregó: “Los órganos límite que son los que marcan como cabeza de una organización judicial el resto del funcionamiento del cuerpo judicial pues genera y proyecta ese mismo desequilibrio y ahí pierde el pueblo colombiano”.
La comisión primera de la Cámara avanzó en el proceso de discusión de la reforma a la justicia y se espera que a más tardar este miércoles sea votada la iniciativa.
'REBELIÓN' DE LA COMISIÓN DE ACUSACIONES FRENTE A FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO
En la Cámara dicen que no saben cuál de los dos fallos acatar, con respecto al proceso por el carrusel de pensiones de la Judicatura.
La comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se declaró abiertamente contrario a la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que determinó que la Contraloría General sí puede investigar a los magistrados de las altas cortes en materia fiscal, en el llamado proceso por el carrusel de las pensiones del Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente de la comisión, el representante Germán Blanco Álvarez, dijo que “lo único que conocemos es la existencia de dos fallos”.
Explicó que un fallo es de un organismo de carácter jurisdiccional, a través de una sala de conjueces (del Consejo Superior de la Judicatura) que deja esa competencia en la comisión, y otra del Consejo de Estado que dice en materia administrativa, que lo asemeja en materia fiscal, que la competencia debe estar en la Contraloría General”.
Por eso, se declaró a la espera que le sea aclarado a la comisión, cuál de los dos fallos de las Cortes debe asumir la comisión de Acusaciones.
"Vamos a esperar la decisión de la Sala Plena porque el fallo consultivo debe ser analizado por la plenaria de ese Alto Tribunal. Y vamos a esperar si se interponen algunas acciones de tutela de personas que puedan ver vulnerados sus derechos por esa decisión de la sala de consulta", aseguró en diálogo con los periodistas.
Señaló que "sólo hasta que se tome una decisión en firme estudiaremos el tema, pero por el momento la investigación siga su curso, aunque daremos un plazo prudencial para definir el futuro del proceso".
"Nosotros no interpondremos una tutela porque a la Comisión de Acusación no se le ha vulnerado ningún derecho, pero existe esa opción para las personas que consideren que se le violan sus derechos con el cambio de competencia", agregó.
CONTRALORÍA INVESTIGARÁ A MAGISTRADOS POR EL CARRUSEL DE LAS PENSIONES
La Sala de Consulta del Consejo de Estado determinó que la Contraloría General si puede investigar a los magistrados de las altas cortes en el llamado proceso por el carrusel de las pensiones.
El Consejo de Estado falló a favor de la contralora general de la República, Sandra Morelli, contrariando el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que le quitó la competencia para investigar a magistrados.
En este concepto, el alto tribunal consideró que las investigaciones a magistrados por irregularidades en el pago de pensiones son de naturaleza administrativa, que le competen al organismo de control fiscal.
En el fallo de obligatorio cumplimiento se indica que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene que entregarle nuevamente los procesos a la Contralora General.
La Contraloría venía investigando a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Pedro Alonso Sanabria por su presunta participación en el detrimento patrimonial con el nobramiento irregular de magistrados auxiliares con el fin de aumentar su pensión.
“En este momento la señora contralora tiene el deber jurídico, no es si quiere, de seguir adelante con las investigaciones y concluirlas. Como son competencias administrativas una vez finalizado el control fiscal las decisiones por orden constitucional tienen control judicial ante lo contencioso administrativo”, aclaró el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.
REFORMA A LA JUSTICIA AMENAZA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL PAÍS: CONSEJO DE ESTADO
El magistrado Gustavo Gómez defendió en el Congreso el “elemento supremo del valor de la independencia” que requiere la rama judicial.
El magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, defendió el papel de la justicia y la independencia que requiere esa rama en el Estado
Ante la comisión primera del Senado, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, -a título personal- defendió el papel de la justicia y criticó con contundencia la reforma que está en trámite.
Gómez, frente a los legisladores, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el fiscal Eduardo Montealegre, dijo que hay una extrema necesidad de que la rama judicial pueda contar con “la plenitud del valor de la independencia” para actuar en sus determinaciones.
Según él, ahora es necesario que el Congreso se cuestione si la reforma no puede poner en riesgo la estabilidad jurídica del sistema colombiano, con la medida que buscan imponerse para que notarios y abogados ayuden a descongestionar los juzgados, donde hay represados más de dos millones de procesos.
“Es bueno que se pregunten si un juez del Consejo de Estado que controla el poder del poder de la administración pública, no requiere como elemento supremo el valor de independencia”, aseguró Gómez.
El Consejo de Estado exhortó a los senadores a que hagan una reflexión y pasen a fortalecer las instituciones y el valor de la justicia.
La declaración del magistrado ante el Senado no implica un retorno oficial de ese tribunal a la discusión de la reforma a la justicia.
El jueves habrá una reunión de la sala plena del Consejo de Estado para establecer si ésta aprueba el regreso formal a la discusión de la reforma a la justicia. Gómez dijo que si lo avala el Consejo, asistiría atendiendo el deber jurídico que les asiste a los servidores del Estado.
JUSTICIA SOLICITÓ PRESUPUESTO DE 5.1 BILLONES DE PESOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Se considera que se debe fortalecer la Fiscalía con 2.6 billones.
En un extenso informe, la rama judicial le solicitó al Gobierno y al Ministerio de Hacienda que para el próximo año se tenga emita un presupuesto de 5.1 billones de pesos con el fin de emprender los procesos de descongestión y mejorar las condiciones para adelantar investigaciones.
En este sentido señaló que la rama judicial que el aumento presupuestal es necesario para mejorar atender las necesidades del funcionamiento del aparato judicial y la financiación del Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Justicia.
Igualmente, para la implementación de la oralidad en cada una de las Jurisdicciones, el Plan Nacional de Descongestión, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, entre otros.
En el informe se señala que la Fiscalía General necesita de un presupuesto de 2.6 billones de pesos, aumentando en un presupuesto del 215 por ciento proyectado por el Ministerio de Hacienda.
En el caso del ente investigador y acusador se aseguró el dinero ayudaría a atender las necesidades mínimas de la entidad para su adecuado funcionamiento. No obstante, el Ministerio de Hacienda tiene proyectado asignar 610.160 millones de pesos.
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicita un presupuesto de 206.357 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto proyectado para esta entidad es de $66.034 millones, un 32 por ciento menor que el solicitado.
Todas las entidades manifestaron expresamente que de mantenerse los topes previstos por el Gobierno Nacional “sería insuficiente para cubrir las necesidades mínimas requeridas para la adecuada operación de las mismas”.
La solicitud fue hecha por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el representante de los Funcionarios y los empleados judiciales.
CLASE POLÍTICA ALIADA VS. LOS JUECES
Por: Cecilia Orozco Tascón
Como lo recordó Daniel Samper Pizano en su columna “Vergüenza histórica”, cuatro expresidentes del Congreso que representan el poder político y partidista de Colombia, vale decir: Miguel Pinedo Vidal (liberal, Cambio Radical), Mario Uribe (U-ribista liberal, Colombia Democrática), Luis Humberto Gómez Gallo (conservador) y Javier Cáceres (Cambio Radical), fueron condenados a entre 7 y 9 años de prisión y no por cualquier delito.
La Sala Penal de la Corte Suprema comprobó que ellos habían concertado con los capos del paramilitarismo el dominio de sus respectivas regiones, para ser elegidos los unos y penetrar el Estado los otros. Y todos, para acceder a los billonarios dineros públicos: querían ser ricos, pero también controlar la nación, sin dios ni ley que se los impidieran. La refundación de la patria, que llamaron ellos. El escándalo de la parapolítica, que llamamos nosotros.
No creo que haya otro país que ostente tan desvergonzado récord. No obstante, el escudo nacional soporta más: la misma Sala Penal de la Suprema investiga preliminarmente al actual presidente del Parlamento, Juan Manuel Corzo (conservador), y a otros tres antecesores suyos, y de los cuatro condenados: Dilian Francisca Toro (liberal, Partido de la U), Nancy Patricia Gutiérrez (Colombia Siempre-Cambio Radical) y Luis Alfredo Ramos (conservador, Alas). En total, la Corte tiene en su mira inicial a 110 congresistas y excongresistas por diferentes denuncias. Los procesos de siete exlegisladores se encuentran en etapa de instrucción, uno de ellos ya condenado por participación en una masacre. El investigado por ese crimen masivo se da el lujo de contar con una hermana senadora a la que le abrieron su propia indagación. Hay 11 exparlamentarios en etapa de juicio, uno de los cuales también tiene hermana elegida y examinada por la Corte. El fenómeno de la parapolítica aporta 42 condenas del alto tribunal, 37 de ellas a congresistas. Entre los actuales miembros del Congreso existen 23 investigados, seis pertenecientes a la U.
En este contexto inmoral, el Capitolio y la Casa de Nariño se atreven a hablarle al país de una reforma que afectará a los jueces que revisan sus conductas. ¿Cómo? Con unas autopropuestas que, obviamente, autoaprobarán. Veamos algunas:
1. Eliminación de los impedimentos que prohíben a los miembros del Congreso votar un asunto que los beneficie. Estarán habilitados para participar en la reforma y sus leyes derivadas y, entrando por ese boquete, en todo lo que les convenga personalmente.
2. Entorpecimiento de la sanción de pérdida de investidura. Lo que antes era un trámite rápido, mañana será lento (duplicación de tiempos procesales e instancias), difícil (indeterminación de causales) y laxo (castigo de suspensión, antes de destitución).
3. Supresión de la Corte Suprema como juzgador principal de los congresistas.
4. En su lugar, creación de una sala de origen político que adelantará las investigaciones, y que estará conformada por miembros de ternas del presidente. Otra nueva sala extrasuprema los juzgará.
5. Desaparición de la medida de privación de libertad para los congresistas hasta cuando sean condenados. Mientras se nutren sus procesos, sin importar la gravedad de lo investigado, podrán seguir votando leyes.
6. Sustitución del actual régimen disciplinario por otro que ellos mismos redactarán.
La realidad llana es que esta reforma no resolverá los problemas de la administración judicial sino los líos delictivos de los legisladores: la clase política aliada vs. la justicia. De esto se trata. El gobierno Santos se fortalecerá blindando de castigos penales y disciplinarios a sus bancadas, manejadas por los amigos, parientes y colegas de Pinedo Vidal, Mario Uribe, Gómez Gallo, Javier Cáceres y demás condenados.
EL NUEVO SIGLO
VOLVEMOS AL MUNDO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA”
Un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló a la Contraloría como la entidad competente para resolver la responsabilidad fiscal de los magistrados involucrados en el “carrusel de las pensiones” del Consejo Superior de la Judicatura.
“Volvemos al mundo de la seguridad jurídica y eso sí es esencial”, afirmó la contralora Sandra Morelli al conocer la noticia. Para la funcionaria el fallo de una Sala de Conjueces de la propia Judicatura, que le entregaba el conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal a la Comisión de Acusación de la Cámara, implicó la creación de un marco jurídico “muy traumático”, además de “muy innovador y muy limitante del control fiscal”.
La alta funcionaria expresó que el fallo de los conjueces había dejado una “incertidumbre política” muy “preocupante” para la Contraloría, porque desconocía “los límites” de las funciones del órgano de control.
En medio de la controversia por ese otro fallo, la contralora Morelli manifestó que era una absolución anticipada de los procesados.
Ahora, sostuvo la jefe del ente de control, la Comisión debe acatar la decisión y devolverle a la Contraloría los expedientes del proceso; de esta manera, dijo, la investigación continuará en su despacho, escuchando en versión libre a los funcionarios y ex funcionarios implicados.
Previendo demoras en la devolución de los expedientes, la contralora Morelli no descartó acciones legales.
Concepto
El pronunciamiento del Consejo de Estado, que se dio a petición del Gobierno a través del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, rechazó el fallo de los conjueces.
De acuerdo con la decisión, la Contraloría es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal por el “detrimento patrimonial que se podría haber causado al Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares”.
A comienzo del mes pasado, la contralora Morelli les abrió proceso de responsabilidad fiscal a nueves magistrados y ex magistrados de la Judicatura implicados en un presunto “carrusel de pensiones”, cuyo siguiente paso habría sido el embargo de sueldos y bienes.
Así lo precisó Morelli en su momento, agregando que el posible detrimento patrimonial ascendería a más de 13.000 millones de pesos (exactamente 13.786.250.819 pesos).
Los magistrados a quienes la Contraloría les abrió proceso de responsabilidad fiscal son Temístocles Ortega (actual gobernador del Cauca), Carlos Arturo Ramírez, Julia Emma Garzón, José Ovidio Claros, Luz Elena Rodríguez, María Mercedes López, Henry Villarraga, Martha Patricia Zea y Jorge Antonio Castillo.
Según el Consejo de Estado, “la autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría”.
Aplausos
El ministro del Interior Germán Vargas manifestó su satisfacción por la decisión.
“Qué bueno que finalmente se haya aclarado que la competencia para adelantar investigaciones fiscales radica en la Contraloría General. De manera que celebramos que esta claridad permita que las investigaciones avancen, ya sin más controversias sobre quién tiene la autoridad competente para adelantarlas”, expresó.
El jefe de la Cartera Política dijo que aunque no es política del Gobierno comentar las providencias de los altos tribunales, está complacido de que se haya dirimido el conflicto de jurisdicción entre la Contraloría y la Comisión.
Nuevo conflicto
Un muevo conflicto surgió ahora, esta vez entre la Comisión de Acusación de la Cámara y el Consejo de Estado.
La decisión es de carácter obligatorio y ella precisa que la contralora Morelli “tiene el deber de continuar sus investigaciones y concluirlas”, explicó el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado.
Para el alto tribunal, el conflicto de competencias era de carácter administrativo y no jurisdiccional, por lo que la Sala de Conjueces de la Sala Disciplinaria de la Judicatura no era la competente para definir este complejo conflicto.
“Los hechos que son contrarios a la Constitución y el orden jurídico generan múltiples consecuencias en las áreas fiscal, disciplinaria y penal”, dijo el magistrado Gómez, al indicar que la Comisión debe iniciar y desarrollar su propia investigación en materia disciplinaria por el mismo caso.
“En el fallo se insta a la Comisión para que siga adelante con el deber que le asiste. Lo que no lo puede hacer es en materia fiscal”, agregó Gómez, quien reiteró que la decisión es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los actores de este caso, so pena de quebrantar el ordenamiento jurídico y dijo que “un juez no puede modificar con sus decisiones la Constitución”.
Rebelión
Contradiciendo al magistrado Gómez, el presidente de la Comisión, el representante Germán Blanco, de Partido Conservador, consideró que el concepto del Consejo de Estado no es obligante y que espera que la Sala Plena de esa Corporación se pronuncie.
“Vamos a esperar la decisión de la Sala Plena porque el fallo consultivo debe ser analizado por la plenaria de ese Alto Tribunal. Y vamos a esperar si se interponen algunas acciones de tutela de personas que puedan ver vulnerados sus derechos por esa decisión de la Sala de Consulta”, indicó.
“Tengo en mi escritorio dos decisiones. Aún no está definido el tema de la competencia, por eso esperamos la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado o lo que determine un juez en caso de ser interpuesta una tutela”, reiteró.
5.1 BILLONES DE PESOS PIDIÓ JUSTICIA PARA 2013
La rama hizo la solicitud al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda a través de un informe, señalando que para la Fiscalía se deben destinar 2.6 billones.
La meta con dichos recursos es comenzar los procesos de descongestión y de mejora de las condiciones para desarrollar investigaciones, lo cual responde a la necesidad de que el aparato judicial atienda sus necesidades de funcionamiento, además de financiar el Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Justicia.
CONTRALORÍA, 'OBLIGADA' A LLEVAR PROCESO"
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, advirtió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes que "es obligatorio" devolver el proceso del 'carrusel' de las pensones de la justicia a la Contraloría General de la Nación.
"Me resisto a creer que haya organismos de esa envergadura que no tenga claro lo que dice la ley y la obligación que tiene de darle cumplimiento a esta" afirmó el Ministro cuando fue indagado por el tema.
Esguerra considera que "está perfectamente claro, más allá de toda duda, que aquó lo que hubo no fue una consulta que le hubiere elevado el Gobierno del Consejo del Estado para que él diera un dictamen no obligatorio".
REVISTA SEMANA
FISCAL MONTEALEGRE: SUS PRIMERAS (Y POLÉMICAS) PROPUESTAS
Desde la mañana de este martes el fiscal Eduardo Montealegre se refirió al tema del juzgamiento de aforados. Lo hizo por radio. Horas más tarde lo volvió a hacer, pero esta vez ante el Congreso. ¿Qué propone?
No lleva un mes como fiscal general de la Nación y ya se está haciendo escuchar. Eduardo Montealegre empezó esta semana a hacer anuncios importantes. Y en varios sentidos. El lunes hizo un duro pronunciamiento sobre la condena que le fue impuesta al contratista Julio Gómez por su presunta participación en el 'carrusel de la contratación'. Cuestionó que, teniendo en cuenta la gravedad de su conducta, solo tenga que pagar una pena de ocho años de cárcel y una multa de 68 millones de pesos. Por eso anunció que apelará la decisión. Buscará que se aumenten los años que tendrá estar en la cárcel.
Pocas horas después (en la mañana de este martes) en diálogo con Caracol Radio volvió a tocar el tema de Gómez. Pero además habló de otros puntos de la agenda actual en los que según él, debe haber un ajuste. Dijo que es necesario que la Corte Suprema de Justicia investigue a los aforados (Presidente, magistrados y fiscal), pero tras un juicio de responsabilidad política. En ese sentido fue enfático en señalar que la Corte solo entraría a actuar cuando el Congreso emita una decisión de causa en las investigaciones.
"Si la Comisión señala que no existen motivos entonces no podría pasarse a la siguiente etapa en la Corte Suprema", dijo Montealegre en entrevista con Caracol Radio, en la que además agregó que está de acuerdo con "que siga existiendo la Comisión de Acusaciones", pero que le propondrá al Congreso que suprima sus funciones judiciales (...) al tenerlas lo único que se ha hecho es confundir la responsabilidad política con la penal de los altos dignatarios".
Montealegre dice que es esa la "fórmula más equilibrada" para que los altos funcionarios cuenten con una garantía institucional. "La propuesta es que para poder iniciar una investigación penal contra un alto dignatario se requiera (previamente) de un juicio de responsabilidad política ante el Congreso", reiteró. Y aclaró que la idea está encaminada a que "solo ante el hecho de que se establezca la indignidad política se inicie el juicio de responsabilidad penal".
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, los fallidos juicios políticos que se intentaron adelantar contra el expresidente Ernesto Samper "desfiguraron ese tipo de juicios (políticos)", por lo que, aunque resulte "lógica" la propuesta de Montealegre, estaría equivocada porque se "rompería el principio de igualdad para los demás funcionarios".
Pero Montealegre insiste en lo contrario y asegura que el sentido de su propuesta es justamente que se mantenga el fuero, pero exclusivamente para efectos de una responsabilidad política.
En opinión del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, hay una clara distinción en la Constitución entre el aspecto político y el penal, por lo que el penal no podría depender del resultado que arroje el juicio político. "Si el funcionario fue absuelto políticamente eso no lo exonera de la responsabilidad penal (...) una cosa es lo penal y otra cosa es lo político. Por algo son materia totalmente distintas. De lo contrario daría lugar a la impunidad".
Fiscalía quiere investigar a los Congresistas
Este martes Montealegre también se refirió al tema de la investigación a congresistas. Lo hizo en el Congreso, a donde llevó una nueva fórmula para la investigación de estos funcionarios aforados. Una propuesta distinta a la que contemplaba el gobierno, pero que supondrá una nueva polémica en el debate de la reforma a la justicia.
Montealegre, en la Comisión Primera del Senado, propuso que la investigación a los congresistas sea competencia de la Fiscalía general de la Nación. Actualmente los parlamentarios son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal general también habló de un cambio en la dinámica de las investigaciones a estos aforados. Al proponer que las órdenes de captura contra estos congresistas solo puedan ser expedidas cuando sean acusados y llamados a juicio.
Actualmente, y sobre todo en el proceso de la parapolítica (el mayor escándalo que ha afrontado el Congreso en toda su historia), la Corte Suprema de Justicia ordena la captura con fines de indagatoria, es decir cuando se abra la investigación.
Montealegre argumenta su propuesta al señalar que el sistema judicial colombiano contempla las detenciones como una excepción.
La propuesta, aunque puede sonar "beneficiosa para los congresistas, ya empezó a generar controversia.
Por ejemplo, el senador Parmenio Cuellar (Polo) considera que la investigación de los congresistas no debe dejar de ser competencia de la Corte Suprema de Justicia, y dijo que los magistrados han advertido los riesgos de que, por ejemplo, el proceso de la parapolítica fracase si se saca de la jurisdicción de la Corte Suprema.
Es más, se consideró que esta propuesta podría ir en contravía de una sentencia de la propia Corte Suprema de Justicia, que en el año 2009 no permitió que los procesos contra congresistas salieran de su competencia.
Y fue dicha sentencia con la que se logró que procesos contra excongresistas como Mario Uribe, que en ese entonces adelantaba la Fiscalía, regresaran a conocimiento de la Corte Suprema.
También se dijo de la propuesta de Montealegre que sería similar a la estrategia que tuvieron muchos parapolíticos de renunciar a su fuero y eludir la acción de la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Montealegre respondió estas afirmaciones. Le dijo a Semana.com que en ningún momento está proponiendo que el juicio contra los congresistas salga de la órbita del "juez natural" que es la Corte.
Y tampoco admitió que esto pueda servir como estrategia para que los procesos de la parapolítica dejaran de ser competencia de la Corte Suprema, pues asegura que si el Congreso aprueba esta propuesta, solo se podrá aplicar para los procesos con posterioridad a la aprobación de esta reforma.
CMI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO PIDE QUE CORTE SUPREMA NO SEA JUEZ DE MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES
El magistrado Gustavo Gómez, criticó a la Corte Constitucional y propuso que ese Tribunal no tenga más capacidad nominadora.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, atacó hoy con dureza la reforma constitucional a la justicia y pidió que se revise la propuesta de convertir a la Corte Suprema de Justicia como juez de los magistrados y los altos funcionarios del Estado, incluyendo a los congresistas.
Hablando ante la comisión primera del Senado de la República, donde se discute la reforma a la justicia, también reclamó a la Corte Constitucional por no haber consolidado la jurisprudencia sobre los derechos fundamentales y aseguró que la tutela, que era un recurso residual, según él, contemplado por el constituyente de 1991, se volvió un recurso principal.
De la misma forma, el magistrado Gómez pidió que la Corte Constitucional no tenga facultades nominadoras, porque en su concepto le hace perder la esencia de su función de guarda suprema de la Constitución.
Para el presidente del Consejo de Estado, la reforma constitucional fractura de manera grave la independencia de la rama judicial.
Además, en su opinión, crea tres clase de cortes:
1. La Corte Constitucional, cuyos magistrados pueden ir al Congreso a revisar la legalidad de sus decisiones.
2. La Corte Suprema que crea su propio tribunal de juzgamiento para sus propios magistrados.
3. El Consejo de Estado que no participa en la conformación de los otros tribunales y además queda subalterno de la Corte Suprema.
Pidió que se mantenga como hasta el momento establece la Constitución política, que tiene en el Congreso el juez natural de los magistrados de las Altas Cortes.
El Consejo de Estado, se reunirá mañana miércoles para definir su posición oficial frente a la reforma a la justicia, dijo el señor Gómez, que aseguró que participó en el debate de la Comisión Primera a titulo personal.